Delgado pone como fiscal del caso de la niñera-alto cargo de Montero a una asesora del Gobierno

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, vuelve a influir en una causa contra Podemos. La ex ministra socialista ha colocado a la fiscal Lorena Álvarez Taboada al frente del caso Niñera, en el que se investiga el uso de la ex diputada Teresa Arévalo como cuidadora de la hija menor de Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta representante del Ministerio Público también está personada en el procedimiento en el que se indaga sobre el desvío de 363.000 euros de la formación morada a la consultora chavista Neurona. Y, además, esta fiscal formó parte de la comisión de expertos que trabajó bajo las órdenes del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que no es casualidad que de manera repentina la fiscal Lorena Álvarez, hasta ahora desconocida, comience a llevar la batuta de las principales causas judiciales que afectan a los aliados de Pedro Sánchez en el Gobierno. La ex ministra del PSOE ha confiado en esta representante del Ministerio Público para controlar el devenir de las causas contra Podemos. «Hasta el momento esta fiscal está acatando las órdenes de arriba: ha torpedeado desde el principio la investigación», aseguran las mismas fuentes.

Lorena Álvarez rechazó investigar los 100.000 € solicitados por la Asociación #404 Comunicación Popular a la caja B del partido de Pablo Iglesias. La fiscal experta en delitos económicos subrayó en un escrito que «se inició el presente procedimiento en virtud de la denuncia presentada por José Manuel Calvente quien refería en la misma que existían irregularidades en el destino de 100.000 euros de la Caja de Solidaridad a la Asociación #404 Comunicación Popular». Pero la fiscal afín al ministro de Justicia echó por tierra las averiguaciones realizadas por el ex jefe del equipo legal de Podemos y aseguró que «las indagaciones no hacen sino confirmar que muchas de las presuntas irregularidades expuestas en la denuncia carecían de sustento». Finalmente, la Audiencia Provincial ordenó reabrir esta línea de investigación y la fiscal se vio obligada a acatar esta resolución.

La caja B de Podemos

El abogado purgado de la formación morada denunció ante la Guardia Civil la existencia en Podemos de una caja B -denominada con el eufemismo de Caja de Solidaridad- que fue creada en 2018 por iniciativa de Rafael Mayoral como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido. Según el Reglamento de la misma, estos fondos económicos proceden de donaciones mensuales de los cargos públicos estatales de la formación. Los mismos –atendiendo a dicho texto– deberían destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas». Pero el denunciante detectó una petición sospechosa de 100.000 euros por parte de esta asociación de la que no consta fecha de constitución, razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero a nombre de esta entidad.

Fue la sucesora de Iglesias, Ione Belarra, quien aprobó el desvío de fondos a la productora Comunicación Popular #404. La actual secretaria general de los morados plasmó su rúbrica en el acuerdo como secretaria de coordinación ejecutiva de secretarios de Podemos.

Fiscal y abogada de Podemos

Fuentes del procedimiento cuentan a este periódico que, en algunas ocasiones, la fiscal Lorena Álvarez «más que representante del Ministerio Público ha ejercido como abogada defensora de los miembros de Podemos». En un escrito llegó a asegurar que la denuncia, presentada por Calvente y por la que se abrió la investigación, se basaba en «manifestaciones de rumores, sospechas y suspicacias del propio denunciante». «Una acusación grotesca e impropia de una representante de un organismo público que debe velar por la independencia de los tribunales», aseveran.

Dolores Delgado está satisfecha con el trabajo de esta fiscal. Tanto es así que la ha colocado en una causa clave para la ministra de Igualdad. El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid investiga a Montero por utilizar a Arévalo como cuidadora de sus hijos mientras desempeñaba cargos de responsabilidad en la formación morada. Tras ser nombrada ministra, Irene Montero la eligió como jefa adjunta de su gabinete, cargo por el que cobra 51.946 euros al año.